Nos Regalan Miedo para Imponer Represión: El riesgo de las «Policías Municipales».
Todos los días los opinologos de la televisión y de la prensa escrita exigen «más presencia policial»
por Pedro Peumo (pedropeumo@proton.me)
Este 2025 es un año electoral en Chile, en el mes de octubre habrá votación de presidente y parlamentarios. Por lo tanto, la derecha inició una campaña de desprestigio del gobierno socialdemócrata de Gabriel Boric, aprovechando que desde hace un par de años a través de los medios de comunicación masivos se venía orquestando una campaña de miedo e inseguridad hacia la población, a través de un tipo de noticias amarillistas que convocan audiencias y por ende reditúan en avisaje comercial. Cabe mencionar que en Chile la derecha política es propietaria de los canales de televisión y de la prensa escrita, y el canal de TV público (TVN), no es financiado completamente por el Estado sino que también depende de los aportes del empresariado, también vinculados a la derecha, que pagan por la publicidad emitida.
Todos los días la TV y la prensa dedican majaderamente la mayoría de su parrilla programática a las noticias de asaltos, robos, etc. de toda índole, haciendo noticia nacional del robo de algún automóvil o el asalto a un quiosco de periódicos, concluyendo siempre que existe una «crisis de seguridad». Debido a esto se han podido instalar el miedo y la inseguridad, y hoy todas las encuestas de opinión señalan que la inmensa mayoría de la población exige medidas extremas. Ante esto, algunos candidatos presidenciales incluso, han logrado instalar la idea de reponer la pena de muerte para los delitos violentos, una pena que en Chile hace más de veinte años fue abolida.
Pero no se crea que el actual gobierno socialdemócrata se queda atrás. A inicios de febrero, el presidente Boric ha promulgado la “nueva Ley Antiterrorista» (Ley N° 21.732), que perfecciona las atribuciones del Estado para vigilar y perseguir el crimen organizado pero también a quienes se organizan y movilizan contra el orden social vigente.
Por estos días se ha hecho muy bullado el caso de una política de izquierda y un empresario chino a los que la policía ha interceptado sus conversaciones y archivos compartidos por WhatsApp (incluso aquellos que han sido borrados), acusando a la política de «tráfico de influencias». Sin embargo, la fiscalía y las policías no han actuado con el mismo celo ante casos aún más graves que vinculan a políticos de derecha (como el expresidente Piñera).
La nueva ley «antiterrorista» promulgada con satisfacción por Boric sin duda será otra herramienta para que el ejército, la policía y los aparatos de seguridad del Estado en las sombras intervengan las comunicaciones entre los grupos sociales, pueblos originarios, huelguistas, etc. etc.
En Chile cumplen funciones de policía: Carabineros, un cuerpo militarizado «no deliberante» (sin derechos laborales) surgido en los años ’20, durante la dictadura filo-nazista del general Carlos Ibáñez, y la PDI (Policía de Investigaciones), policía judicial nacida durante los años ‘30 en un gobierno de derecha. Hace unos años, durante el gobierno del también derechista Sebastián Piñera, se crea la Policía Marítima, otra policía militar, dependiente de la Armada de Chile. Además, los gobiernos de izquierda y derecha han destinado militares armados al control de la «frontera del Bio-Bio» (al control en la zona mapuche, pueblo originario que reclama por sus tierras ancestrales y su autodeterminación política), y al resguardo de las fronteras externas, especialmente con Bolivia y Perú, por donde ingresan migrantes a Chile.
El aumento de la migración irregular a través de las fronteras, especialmente proveniente de Venezuela, por personas que buscan oportunidades laborales junto a sus familias, muestran el drama de trabajadores y trabajadoras que junto a sus hijos e hijas viajan miles de kilómetros para llegar a Chile en busca de oportunidades que muchas veces no existen. Sin embargo, la población, presa del miedo y la inseguridad se vuelve cada día más insensible y es un hecho que los casos de xenofobia han aumentado exponencialmente, debido a que los medios vinculan la migración con delincuencia. Todos los días los opinologos de la televisión y de la prensa escrita exigen «más presencia policial», un mantra que se repite en boca de todos.
Frente a este escenario cada día son más los políticos que exigen la creación de una suerte de policía municipal. Actualmente no existe una regulación legal de estas funciones, sin embargo, los alcaldes desde hace unos años han ido implementando departamentos de «seguridad municipal», creando de facto una policía de patrulleros informales, utilizando la figura de «inspectores municipales», los antiguos funcionarios que multaban a los automovilistas mal estacionados o a los comerciantes que debían alguna cuota de su patente municipal. Sin embargo, estos patrulleros no tienen atribuciones de policía formales: no pueden detener personas ni investigar delitos, lo que no les ha impedido reprimir a golpes a las personas que se dedican al comercio ambulante.
La experiencia internacional enseña que este tipo de policías municipales son los más propensos a la corrupción a pequeña escala. Estos “policías” suelen ser objeto de sobornos y extorsión, especialmente por bandas narcotraficantes que cuentan con los recursos para contratarlos y utilizarlos en contra de aquellos que el narco les manda.
Aunque formalmente no se les ha querido denominar un cuerpo de «policías», estos inspectores municipales se arrogan el derecho de reprimir y controlar, gracias a la obsecuencia gubernamental. Inclusive hoy el gobierno espera la aprobación de una nueva ley de «seguridad municipal» que entregue más facultades a estos inspectores y les dote de «armas no letales», como las pistolas «Taser» que utiliza la policía estadounidense y que han sido denunciadas como instrumentos de tortura por electrocución por varios organismos internacionales.
Durante el siglo XX la migración del campo hacia las ciudades, por personas cansadas del hambre y los malos tratos en los fundos patronales, provocó la aparición de las «poblaciones» y las «tomas de terreno», la creación de campamentos de viviendas de material ligero en los extramuros de las ciudades, donde nacieron generaciones de chilenos que hoy pueden vivir en condiciones un poco más favorables. Hoy los campamentos reciben además de la inmigración de chilenos pobres a venezolanos, bolivianos, peruanos, haitianos, colombianos, etc. y es frecuente ver a los periodistas de televisión «visitando» las tomas de terrenos junto a la policía en busca de algún delincuente o exhibiendo con horror las precarias condiciones de vida en que se vive.
La inmensa mayoría de las y los chilenos, nietos e hijos de esos primeros inmigrantes del siglo pasado, hoy se han olvidado las condiciones en que sus antepasados debieron vivir en su época por culpa de los oligarcas herederos de fortunas venidas de tiempos de la colonia, propietarios de la tierra, las minas y las fábricas donde ellos trabajaban, quienes se enriquecieron a costa de pagar sueldos de miseria y mantener a millones en la pobreza.
Los nietos e hijos de esos oligarcas y de los nuevos ricos creados en la dictadura de Pinochet y los gobiernos socialdemócratas (gracias a la venta de la empresas estatales a precios irrisorios y que después fueron vendidas a trasnacionales generando grandes ganancias para unos pocos), son los mismos que hoy son dueños o controladores de los medios de comunicación de masas, hoy mantienen en la pobreza a millones de chilenos/as y migrantes. Más aún, éstos pobres son culpados/as por sus condiciones de vida y por la «inseguridad», un fenómeno que más tiene que ver con la inequidad y desigualdad social que esa misma oligarquía genera.
Esa oligarquía, que no tiene ningún interés en la suerte de millones de chilenos/as que hoy viven en condiciones precarias, utiliza los medios de comunicación, el ejército y la policía para el control social, y hoy quiere reclutar un nuevo ejército de policías para aumentar la represión y el control, en total impunidad, porque las leyes que dictan en el congreso saben que no los alcanzan.
Por eso, es papel de todos y todas quienes tenemos conciencia y opinión crítica, oponernos por todos nuestros medios al alcance a esta nueva policía municipal, un nuevo ejército de ocupación y control callejero que se nos quiere imponer por la fuerza y el engaño.
