Estallido Social en Chile: Una Mirada Anarquista en su Cronología

El alza de $30 en la tarifa del pasaje en horario punta y valle del Metro de Santiago —decretada el domingo 6 de octubre de 2019— ocasionó evasiones masivas, principalmente por estudiantes secundarios/as, durante toda una semana en el transporte más caro de América Latina. Este suceso no pasó inadvertido como una gota en medio del desierto, sino que llegó a desbordar un oasis de furia acumulada. Sumado a diversos conflictos —medioambientales, de género, salud y educación pública, la subcontratación, sueldos y jubilaciones de hambre—, el actuar de un pueblo¹ harto de abusos y evidentes precarizaciones fue tornándose cada vez más impetuoso, traduciéndose 12 días después en un gran Estallido Social.

El día 18 de octubre, 41 estaciones de Metro fueron dañadas —21 de ellas quemadas—, se destruyó mobiliario público, 4 bancos destrozados por completo, fueron atacadas varias comisarías, casetas de Carabineros y el edificio de Servicio de Impuestos Internos; se saquearon un sinnúmero de supermercados y farmacias, y se quemó parte del edificio corporativo de Enel (empresa productora y distribuidora de energía eléctrica). Según los medios burgueses de comunicación, el costo total de los daños fue de US$200.000.000. En las primeras declaraciones públicas, el Gobierno de Piñera aseguró que eran pocas personas muy organizadas, cuando en realidad era una multitud cansada de pasar miserias, sin una orgánica detrás que pudiera darle un matiz político al Estallido Social,

Ante esto, el Estado chileno, viéndose sobrepasado, mostró su verdadero rostro, aquel que aparece en caso de que corran peligro la propiedad y el poder de explotadores y opresores. Al darse cuenta de que los 2.000 carabineros de Fuerzas Especiales —ahora COP, Control Orden Público— enviados aquella noche, no serían suficientes para reprimir las protestas esparcidas, ya no sólo en la capital, sino también en muchas regiones, instauraron el Estado de Emergencia, sacando militares a las calles, limitando la circulación de locomoción y libertad reunión, para luego imponer el toque de queda, de igual forma que en la Dictadura Militar.

A partir de estas jornadas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos comenzó a constatar asesinatos por parte de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden, a lo largo de todo Chile, así como también denuncias de maltratos verbales y físicos, disparos a quemarropa, desnudamientos, abusos sexuales, torturas y violaciones. Hasta la actualidad, se contabilizan 3.765 lesionados/as (445 por heridas oculares), a causa de balines, perdigones, lacrimógenas, balas y objetos inidentificables; 951 querellas judiciales por torturas y tratos crueles; 195 querellas judiciales por violencia sexual (desnudamiento, tocaciones, amenazas, insultos y cuatro violaciones)²; y 34 muertos/as o asesinados/as³.

Luego de 5 días de revuelta, Sebastián Piñera anunció una serie de medidas que en ningún caso respondieron a las profundas demandas, ni siquiera alcanzaron a alterar el modelo neoliberal, ya que la tónica era que el Estado —financiado por los impuestos del pueblo— fuera en auxilio del capital privado, eximiendo de toda responsabilidad a explotadores. Pese a esto, algunos grandes empresarios manifestaron que elevarían los sueldos más bajos a $500.000 (US $610), $600.000 (US $734) e incluso $1.200.000 (US $1.469)⁴. La clase empresarial cedió algo, cuando temió perderlo todo

No obstante, por la ínfima cantidad de trabajadores y trabajadoras que están directamente ligadas a grandes empresas —ya sea por la subcontratación, como por la preponderancia numérica de medianas empresas— eso no significó un cambio sustancial. Aparte, el discurso general ya no apuntaba únicamente a los sueldos ni al alza del pasaje, exigía dignidad.

Normalidad

El resentimiento y disconformidad hacia la política estatal, traducida en acción directa, no discriminaba colores —al menos, para un gran grupo de la población— y ésa fue la vitalidad que caracterizó por un par de meses el vigor de miles de personas. Cansadas de las precariedades en sus condiciones de vida, se unieron en un tipo específico de solidaridad, la cual, por medio de la organización autónoma, colmó el territorio de ollas comunes, piquetes de primeros auxilios, grupos de atención con abogados/as, atención psicológica y grupos de cuidados de animales, entre otras maneras concretas para satisfacer de manera comunitaria necesidades contingentes.

La solidaridad incluso traspasó fronteras, convocando a protestar afuera de los consulados y embajadas de Chile, generando una cobertura mediática internacional incluso más grande que la local y afectando el mercado del turismo.

Así como la intensidad aumentaba, también lo hizo la represión y, al cabo de 10 días de enfrentamientos, se levantó el toque de queda, reanudándose la jornada laboral y el normal funcionamiento de escuelas, con lo cual se intentó disolver la unión que había creado el reencuentro, ya que durante algunos días fue posible trabajar menos horas, reunirse con vecinas y vecinos, plantear los problemas de las comunidades, buscar soluciones, (esta coma sobra) y organizar asambleas barriales, para conspirar el futuro de la rebelión.

El Gobierno pensó que, levantando el toque de queda, las ciudades de Chile volverían a la normalidad: con la presión de tener que cumplir con las responsabilidades del trabajo y los estudios, la vida tendría que tomar su cauce natural. Sin embargo, las evasiones en el transporte público continuaron y las calles amanecieron bloqueadas e inundadas con propaganda.

Paralelamente, algunos grupos de izquierda intentaron dirigir la revuelta hacia una vieja, pero persistente demanda: la Asamblea Constituyente, instrumentalizando a los grupos auto-convocados y adjudicándose el movimiento. No obstante, por lo menos en un comienzo, el descontento de la gente con la clase política era inmenso y muchos personajes que aparecieron en las manifestaciones fueron atacados o expulsados de las convocatorias de quienes resistían.

Cabe mencionar que un acontecimiento importante del Estallido Social fue la cancelación de las cumbres APEC y la COP21, arrebatándoles la fiesta a los burgueses y dando un certero golpe al Presidente, que hace tiempo quería posicionarse como un referente a nivel internacional.

En esta efervescencia, se derriban monumentos que aludían a la Dictadura y a los colonos, se presentan sus cabezas como trofeos y se queman municipalidades y comisarías. Ante las intenciones de llevar la protesta al centro comercial Costanera Center —símbolo del capitalismo en Chile—, éste y muchos otros cerraron sus puertas, por temer expropiaciones colectivas. Por otro lado, los y las manifestantes comenzaron a atacar la vigilancia de las fuerzas represivas, derribando drones y cámaras.

En respuesta, el poder intentó insegurizar a la población con amenazas de disminución en sus salarios, pérdidas de fuentes de trabajo y el peligro que la revuelta significaba para las pequeñas y medianas empresas, apelando al desgaste y al miedo. De ahí que la represión se intensificó aún más, se comenzaron a idear una serie de leyes represivas (Anti Barricadas, Anti Saqueos, entre otras); por otra parte, los carros lanza-aguas utilizaban sustancias cada vez más fuertes y el número de heridos/as y asesinadas/os sólo aumentaba, sin tener certeza de sus cifras exactas. Incluso considerando estos elementos, la firmeza del pueblo no cesó en sus protestas y demandas, por lo que, para entender y proyectar este fenómeno, es fundamental conocer una de las consignas primordiales que impulsaron la revuelta.

Dignidad

Dignidad resultó ser un árbol cuyas ramificaciones abundaron, pues la espontaneidad del movimiento convocó a cada persona o grupo social, desde intereses colectivos variados. Pese a esto, no sería la cantidad de ramas el problema, sino la fuerza del tronco para sostenerlas y alimentarlas.

“Pedir” mutó a “exigir” y esta transformación fue advertida como una amenaza explícita a la clase dirigente. Sin embargo, “exigir” puede quedar demasiado corto para la creación de un proyecto social que englobe y se enfrente a palabras tan robustas como dignidad. Durante años, movimientos de pobladores y pobladoras han reivindicado explícitamente este término, por lo que no resulta casual su manifestación, aunque no deja de sorprender la alta difusión y aprobación de ella, cambiando espontáneamente el nombre de Plaza Italia —el lugar más icónico de las protestas y celebraciones— por Plaza Dignidad.

Teniendo en cuenta esto, habría que partir definiendo qué se entiende por dignidad, ya que es algo que sólo puede realizarse colectivamente, dada su importancia.

Así como símbolo del Estallido Social, también se usó para definir cargos aristocráticos y eclesiásticos o en frases comunes como “lo he perdido todo, pero conservo la dignidad”. Obviamente, no sería fidedigna esta explicación de su uso en este movimiento social, sino lo que subyace en estos ejemplos: hacerse respetar. No obstante, hasta dónde y de qué forma hacerse respetar debe y puede ser llevado a la práctica, es uno de los márgenes que delimita el éxito de un cambio profundo en la sociedad.

¿Dignidad es acaso parar la olla, pese a las adversidades y vivir con derechos sociales básicos? o, ¿es la erradicación de la pobreza y privaciones desde sus condicionantes materiales más profundos?

Desde el anarquismo, se ha optado históricamente por la segunda variante, pero la influencia de este y de otros grupos que constituyen en conjunto una política marginal y revolucionaria es tan ínfima, que instalar velozmente un discurso es, y fue entonces, un grito en el desierto. Resulta más cuerdo reconocer que el imaginario social apunta a la primera, a un Estado de Bienestar que asuma una protección social activa y sustituya al modelo neoliberal, la cara más feroz y evidente del capitalismo.

Por eso, si bien en un comienzo las prácticas concretas y efectivas de solidaridad atestaron varios territorios, desgraciadamente el peso de la mayoría de éstas no resistiría de la mejor forma el disimulado golpe que vendría a continuación.

Institucionalización

Una herramienta efectiva para evitar la proliferación de ideales revolucionarios ha sido por mucho tiempo la institucionalización de consignas. A través de respuestas estatistas, reivindicaciones se convierten en demandas y movimientos sociales en movimientos ciudadanos. Así, logran acallar reflexiones de asuntos que refieran cuestionamientos a la estructura misma de poder o a claros ejemplos prácticos de autogestión. Este instrumento es más amigable y, por ende, más peligroso, pues pasa inadvertido para quien, aunque decepcionado o decepcionada, sigue teniendo fe en la política tradicional.

Tras meses de Estallido, el desgaste y frustración eran inminentes, por lo que se dio el espacio ideal para que la demanda por una Asamblea Constituyente, que en un principio no había sido ampliamente compartida, calara hondo en el discurso de la ciudadanía, representando en ella la aglomeración de soluciones para cada petición. Finalmente había una figura concreta en la que la gente podía depositar sus anhelos.

Por esto, el 15 de noviembre, la clase política firmó el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución, intentando hacerlo ver como un acuerdo transversal e histórico. El acuerdo se fundó en contradicciones evidentes, pues se esbozó como la solución para el enfrentamiento, sin tener en cuenta a todas y todos los muertos durante esas últimas semanas y pretendió ser participativo, pese a que fue firmado entre cuatro paredes por la élite.

En lo concreto, este acuerdo estableció un itinerario para la posible creación de una nueva Constitución desde cero. Para esto, se citó a la ciudadanía a un plebiscito nacional con fecha 26 de abril de 2020, que, debido a la pandemia mundial, se postergó para el 25 de octubre. Esta votación presenta las siguientes opciones: Apruebo / Rechazo, para aprobar o rechazar la redacción de una nueva Constitución; y, Convención Constituyente / Convención Mixta, que, en caso de aprobarse, especifica el método.

La opción más progresista es la Convención Constituyente, siendo representada por ciudadanos y ciudadanas electas. Ellos y ellas son las encargadas de revisar el documento una vez terminado y llevar a cabo la discusión de los temas que se establezcan en la misma. Sin embargo, esta Convención está sujeta a la Ley de Partidos, que da pie a financiamientos económicos privados para las campañas de partidos tradicionales, lo que condiciona en gran medida la participación de dirigentes sindicales y miembros de organizaciones sociales. Además, cabe mencionar que dentro de ella no se pueden modificar tratados internacionales ni de libre comercio.

Paralelamente a este acuerdo, la Cámara de Diputados aprobaba la ley Anti Barricadas y Anti Saqueo, estableciendo como delito la alteración de la paz pública mediante barricadas, expropiaciones e incluso el lanzamiento de objetos contundentes, aumentando las penas de cárcel para cualquiera que participase en actos de protesta social.

Organización

En esencia, la autonomía de gran parte del movimiento desapareció y la cohesión se desarticuló bajo el manto de la institucionalidad, frenando un fenómeno que, de haber poseído bases ideológicas sólidas con miras al Apoyo Mutuo, Autogestión y Acción Directa, probablemente hubiese llegado mucho más allá. Sin embargo, esto no representa sólo un triunfo de algunos grupos de la izquierda tradicional —en específico, del Partido Comunista y del Frente Amplio, que, al poseer “bases”, desde hace años trabajaban la instalación del discurso constituyente—, sino también la falta de presencia anarquista en los distintos territorios.

El Estallido Social significó una paradoja enorme, pues pese a la casi nula influencia anarquista, dejó en evidencia la naturalidad con la que varios barrios y poblaciones adoptaron características propias de la teoría ácrata en tiempos de crisis. Algo que podría ofrecer el cimiento de otra sociedad.

El desafío tiene relación con un llamado a la acción. Si cada persona que se dice anarquista es consciente de que la organización social y política es la que le da sentido al hecho de serlo, la articulación debiese ser un objetivo innato para la proliferación del Movimiento Anarquista. Sin ello, libertarios y libertarias seguirán criticando alternativas que el común de la gente defiende, proponiendo ideas organizativas que muchos y muchas considerarán descabelladas, por más que las hayan experimentado en primera persona.

La cumbre de estas jornadas de revuelta pasará sin duda a la historia, como un precedente a otras que vendrán. No hubo líderes ni partidos involucrados y el poder tembló ante la Acción Directa espontánea, ¡imaginen si estuviera organizada! Hay que recordar por siempre que la fuerza del Estallido Social tuvo origen en la molestia y la rabia de la clase oprimida y explotada, y que sólo ésta es capaz de identificar la raíz de los problemas que le aquejan, dándoles soluciones en beneficio de todas y todos.

A pesar de los intentos estatales por reprimir la protesta, debe seguir la lucha por la vida digna que todos y todas merecen. Hay que mantener y consolidar la organización en los diferentes territorios, al igual que entre estudiantes, trabajadores y trabajadoras. Sólo así se podrá ofrecer una alternativa efectiva al neoliberalismo, desde la solidaridad y la participación activa, combatiendo al Capitalismo, al Estado y al Patriarcado, con el objetivo de lograr el bienestar para todas y todos.

Hoy, al igual que con las guerras, la clase dominante se enriquece a costa de vidas y, aunque en esta ocasión es una pandemia y no un conflicto bélico, es la clase dominada la que de todas maneras sufre las consecuencias. El llamado es a cuidarse todo lo posible, para superar este difícil momento y, apenas se presente la oportunidad, reactivar la organización y movilización con toda la fuerza posible.

Es el pueblo el que ha impuesto sus demandas en la calle y debe ser él mismo el que, a través de la lucha organizada, construya un mundo nuevo.

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[1]: En general, desde la teoría anarquista son sinónimos “pueblo”, “clase dominada”, y “clase oprimida y explotada”. Por lo que en esencia, debe entenderse por estas definiciones al conjunto de sectores cuyo sustento depende de su fuerza de trabajo y no posee autoridad suficiente para incidir en ámbitos relevantes de la estructura social. Claro que actualmente, al ser innegables los matices, la flexibilidad de esta fórmula puede presentarse ocasionalmente en la contradicción económica.

[2]: CNN. (19 de febrero, 2020). Reporte del INDH a cuatro meses del estallido. Obtenido de CNN Chile: https://www.cnnchile.com/pais/reporte-indh-estallido-social-heridos-oculares-querellas_20200219/

[3]: Piensa Prensa. (12 de marzo, 2020). Listado -actualizado- de muertos y asesinados por el estado tras el estallido social. Obtenido de Piensa Prensa: https://piensaprensa.org/2020/03/12/listado-actualizado-de-muertos-y-asesinados-por-el-estado-tras-el-estallido-social/

[4]: 24 Horas. (9 de septiembre, 2019). Las empresas e instituciones que se han comprometido a pagar al menos 500 mil pesos líquidos mensuales. Obtenido de 24 Horas: https://www.24horas.cl/economia/las-empresas-e-instituciones-que-se-han-comprometido-a-pagar-al-menos-500-mil-pesos-liquidos-mensuales-3716100