La Policía No Se Reforma: Se Desmantela
La policía es una institución cuya autoridad depende de la disponibilidad permanente de la fuerza.
por Tommaso Biagi
La discusión pública sobre la policía casi siempre empieza demasiado tarde. Se pregunta si hace falta más formación, mejores protocolos, cámaras corporales, perspectiva de género, control civil, supervisión democrática o menos racismo institucional. Todas esas preguntas ya conceden lo esencial: suponen que la policía pertenece al tipo de instituciones que pueden ser mejoradas sin dejar de ser lo que son. Suponen que el problema es de grado, de exceso, de mala ejecución, de déficit ético. Suponen, en definitiva, que la policía entra en el campo de lo justificable. Ese es el error.
La cuestión decisiva no es si esta o aquella policía es demasiado brutal, corrupta, clasista o racista. La cuestión es más previa: ¿puede justificarse una institución cuya existencia ordinaria depende de la amenaza permanente de detener, inmovilizar, golpear, encarcelar y escalar la fuerza hasta producir daño devastador? Mi respuesta es no. Y no porque toda policía existente sea simplemente “injusta”. Eso se queda corto. La policía, tal como existe, opera fuera del campo donde la justificación tiene sentido. Llamarla injusta ya es concederle demasiado, porque presupone que estamos ante una institución cuya estructura todavía puede medirse con los criterios habituales de legitimidad. Pero hay instituciones cuya forma de funcionamiento destruye precisamente las condiciones que harían posible justificarlas.
Justificar una institución no significa pronunciar un discurso moral ante un observador neutral. Una institución está justificada cuando puede ofrecer razones a quienes soportan sus costos, razones que puedan ser comprendidas, evaluadas, discutidas y rechazadas sin que ese rechazo destruya la vida de quien responde. Dicho de otra forma: una institución solo es justificable si quienes están sometidos a ella siguen siendo interlocutores y no simples cuerpos a administrar. Si la obediencia depende de que ciertas personas sepan que desobedecer puede significar ruina, encierro, deportación, pérdida de ingresos, separación familiar o destrucción de su mundo social, entonces ya no estamos en el terreno de la legitimidad. Estamos en el terreno de la obediencia estructural producida por amenaza. Eso es la policía.
La policía no es una institución que a veces use la fuerza. La policía es una institución cuya autoridad depende de la disponibilidad permanente de la fuerza. Si se quita la posibilidad de arrestar, retener, golpear, esposar, disparar, encarcelar y llamar al aparato penal, lo que queda puede ser otra cosa: mediación, intervención social, gestión de crisis, coordinación vecinal, investigación no armada, acompañamiento comunitario. Pero ya no sería policía. La coerción no es un instrumento accidental del que la policía podría prescindir si aprendiera a ser más humana. Es la condición constitutiva de su existencia.
Por eso el reformismo policial fracasa una y otra vez, incluso cuando está animado por las mejores intenciones. Porque intenta corregir el modo en que la policía ejerce el poder sin tocar el mecanismo que la constituye como policía. Quiere suavizar una institución que depende estructuralmente de la amenaza. Quiere volver proporcional algo cuya función básica es producir obediencia antes incluso de que la violencia se ejerza. Quiere moralizar una estructura cuya eficacia descansa en que algunos cuerpos sepan que no pueden permitirse resistir.
Aquí conviene abandonar la ficción liberal de que la policía actúa del mismo modo sobre todos. No es verdad. La misma orden policial tiene un significado social distinto según quién la recibe. Pensemos en dos personas detenidas en la misma calle, por el mismo agente, bajo el mismo protocolo. La primera es una profesional blanca, con ciudadanía, ahorros, redes familiares estables y el número de un abogado en el teléfono. Para ella, la amenaza de una multa, una humillación, una noche incómoda o incluso una breve detención puede ser grave, injusta y autoritaria. Pero su capacidad para seguir planificando su vida, disputar lo ocurrido y sobrevivir políticamente al encuentro permanece relativamente intacta. La segunda persona es un migrante indocumentado, o un trabajador extremadamente precarizado, o alguien cuya supervivencia depende de no faltar un solo día al trabajo, o de no ser fichado, o de no entrar en contacto con ninguna base de datos estatal. Para esa persona, la misma intervención puede significar deportación, pérdida de ingresos, separación de hijos/as, desalojo, entrada en una espiral judicial o penal de la que no se sale entero. Ya no se trata de un costo. Se trata de una catástrofe.
Y esa diferencia no depende, en lo esencial, de la maldad individual del policía. Puede tratarse del mismo agente, aplicando el mismo reglamento, con la misma cortesía profesional. La diferencia es estructural. La policía no distribuye coerción de manera homogénea: administra distintos umbrales de destrucción según la posición social de quienes la enfrentan. Para algunos/as, el encuentro policial es un abuso cuestionable. Para otros/as, es una amenaza permanente de ruina. La policía selecciona, jerarquiza y clasifica vidas: decide, en la práctica, qué cuerpos serán tratados como ciudadanos/as plenos, cuáles como población sospechosa y cuáles como material descartable. No solo “hace cumplir la ley”; ayuda a definir quién merece protección y quién solo puede esperar castigo.
Por eso el problema no se resuelve diciendo que necesitamos una policía menos racista, menos patriarcal, más inclusiva o más cercana al barrio. Esas fórmulas no son irrelevantes: pueden reducir ciertos daños, redistribuir ciertas humillaciones, introducir ciertos límites. Pero no alteran la lógica central. Lo único que hacen es modernizar la presentación ideológica de una institución que sigue dependiendo de la amenaza de daño catastrófico para hacer obedecer. Humanizan la superficie mientras conservan intacto el núcleo.
Y aquí aparece una ilusión particularmente peligrosa: la idea de una policía “cuidadora”, “preventiva”, “comunitaria”, “de proximidad”, casi terapéutica. En esta versión, la policía ya no se presenta solo como fuerza de choque, sino como dispositivo de prevención, gestión del riesgo, acompañamiento, orden social inteligente. Ya no castiga únicamente: orienta, contiene, deriva, monitorea, anticipa. Pero eso no la vuelve menos problemática. Al contrario: la vuelve más difícil de combatir, porque combina la coerción con el lenguaje de la protección.
La policía no deja de ser policía cuando adopta el lenguaje del cuidado. Lo que hace es convertirse en una forma más refinada de dominación. Una dominación que no se legitima solo por el miedo, sino también por la promesa de seguridad. Una dominación que dice actuar por nuestro bien. Una dominación que trata a los sectores pobres, racializados, psiquiatrizados o marginados como poblaciones a gestionar antes que como sujetos capaces de autogobierno. Ese es el punto donde el control policial se encuentra con la administración social de la miseria: no solo reprime; clasifica, vigila, anticipa, corrige y encauza.
Por eso la policía moderna no puede entenderse aislada del resto del orden social. No es simplemente el brazo armado del Estado en un sentido burdo. Es también la garantía final de un orden que promete derechos mientras organiza desposesión, promete protección mientras administra abandono y promete ciudadanía mientras produce poblaciones permanentemente sospechosas. La policía es la institución que aparece cuando todas las demás contradicciones del orden social tienen que cerrarse sobre cuerpos concretos.
Aquí la izquierda reformista fracasa de un modo especialmente miserable. Porque una parte importante de la izquierda institucional sigue imaginando que el problema es el uso “incorrecto” de la fuerza estatal y no la existencia misma de una institución estructurada para producir obediencia mediante amenaza. Sueña con una policía democrática, popular, feminista, antirracista, de derechos humanos, como si el problema fuera únicamente quién da la orden, qué protocolo la acompaña o qué sensibilidad moral tiene el funcionario.
Pero una policía democrática sigue siendo policía si su funcionamiento ordinario depende de la disponibilidad permanente de la violencia. Una policía feminista sigue siendo policía si su autoridad descansa en el miedo organizado. Una policía de proximidad sigue siendo policía si la cercanía solo sirve para hacer más densa la vigilancia y más continua la obediencia. El progresismo policial no supera la estructura; la vuelve más presentable.
Y además la izquierda gobernista necesita a la policía. La necesita porque no sabe —y muchas veces no quiere— pensar formas de organización social que no terminen, en última instancia, en una amenaza armada. La necesita para custodiar propiedades que no se quiere expropiar, para encauzar protestas que no se quiere escuchar, para gestionar barrios que no se quiere dejar autogobernarse, para administrar generosamente lo que antes se ha recortado brutalmente. Incluso cuando se avergüenza, incluso cuando pide perdón, incluso cuando habla de “reforma integral”, sigue imaginando el mundo con una patrulla al fondo.
Frente a esto, decir “abolición” no basta si se entiende como una consigna vacía o un gesto moral. Desmantelar la policía no significa dejar un vacío. Significa romper una concentración histórica de funciones que hoy están secuestradas por una institución coercitiva única y redistribuirlas entre prácticas, redes y dispositivos que no dependan estructuralmente de la amenaza de daño.
Una crisis de salud mental no necesita patrullas armadas: necesita equipos comunitarios, acompañamiento no policial, redes materiales y capacidad de respuesta no punitiva. Un conflicto vecinal no necesita una cadena de mando dispuesta a escalar hacia la detención: necesita mediación, legitimidad barrial y procedimientos restaurativos. La prevención de la violencia no necesita ocupación policial permanente: necesita recursos, tejido comunitario, interrupción de conflictos, autonomía territorial. La investigación de daños reales puede existir sin convertirse automáticamente en gobierno policial de la vida cotidiana.
La objeción inmediata siempre es la misma: “¿y cuando haya una agresión real? ¿y cuando haya violencia grave?”. Claro que pueden existir situaciones límite en las que alguien tenga que ser físicamente contenido. Pero de ahí no se sigue que deba existir una institución permanente cuya forma normal de operar consista en hacer obedecer bajo la sombra del daño catastrófico. Una respuesta puntual ante una emergencia no equivale a una estructura organizada en torno a la amenaza permanente. Confundir ambas cosas es una de las trampas ideológicas más eficaces del orden.
No se trata de negar el conflicto. Se trata de negar que el conflicto deba administrarse por medio de una institución separada, armada, jerárquica y estructuralmente autorizada para arruinar vidas en nombre del orden. Lo que está en juego no es si queremos caos o seguridad. Lo que está en juego es si aceptamos que la forma normal de la obediencia social siga descansando en el miedo.
La policía no fracasa porque todavía no hayamos encontrado la reforma correcta. Fracasa porque aquello que habría que reformar es precisamente lo que la hace existir. Su poder depende de la amenaza que dice administrar. Su legitimidad depende de que olvidemos esa amenaza. Su normalidad depende de que millones de personas sepan que no pueden permitirse decir que no.
Por eso la policía no se reforma, se desmantela.
Tommaso Biagi es un investigador independiente en filosofía moral y política. Compañero libertario y anarquista, trabaja sobre teoría de la dominación, explotación y prácticas de liberación en las instituciones del bienestar, la psiquiatría y el control policial.