El Error de Gobernar
El error de los movimientos sociales fue creer que gobernar el Estado podía ser el camino para transformar la sociedad.
por Francisco Farías Mansilla
“Gabriel Boric salvó a las ISAPRES, por error; potenció el poder económico de las AFP, por error; aprobó el TPP11, por error; endureció leyes contra la protesta, por error; amplió atribuciones policiales, por error; consolidó el modelo extractivo, por error. Y además puso todo eso en su listado de logros, también por error.
No seamos mal pensados. Ha sido un gran presidente. No caigamos en el error.”
Fuente: Por las barbas de Bakunin (Facebook, enero 2026)
La ironía es una forma de decir de otro modo. No afirma directamente: muestra la distancia entre lo que se promete y lo que ocurre. Cuando se repite que todo fue “por error”, lo que en realidad se sugiere es lo contrario: que nada fue accidental. Que existe una regularidad.
La enumeración anterior no describe una cadena de equivocaciones, sino un patrón: decisiones que, una y otra vez, terminaron favoreciendo al gran empresariado, la actual distribución de la riqueza, al sistema financiero, al aparato de seguridad, al modelo extractivo y el capitalismo.
Desde esa clave, el problema del último ciclo político no fue una suma de malas decisiones. Tal vez el problema fue otro: el error de gobernar.
El gobierno de Gabriel Boric llegó al poder montado sobre la energía de la revuelta de 2019 y sobre una promesa de transformación estructural, además de contener la amenaza del fascismo representado por José Antonio Kast. Sin embargo, una vez instalado en La Moneda, su principal tarea fue otra: estabilizar el sistema. No redistribuir poder de manera significativa, sino garantizar gobernabilidad económica, orden público y certidumbre para los mercados.
Desde esa perspectiva, las decisiones que hoy se critican no aparecen como anomalías, sino como parte del funcionamiento normal del Estado en una economía capitalista dependiente. Cuando las ISAPRES estuvieron en riesgo, la prioridad fue evitar el colapso del sistema privado de salud. Cuando el modelo previsional enfrentó cuestionamientos, las reformas reforzaron el rol de la industria financiera. Cuando el litio apareció como recurso estratégico, la política optó por alianzas con grandes actores económicos (el Pinochetismo). Cuando la crisis de seguridad dominó la agenda, la respuesta fue ampliar facultades policiales y endurecer el marco legal contra las protestas.
No fueron desviaciones del programa. Fueron los límites estructurales de cualquier proyecto que decide gobernar el Estado sin cuestionar las bases del modelo que ese mismo Estado administra.
La trayectoria del gobierno puede leerse, entonces, como una pedagogía política: esto es lo que ocurre cuando fuerzas surgidas de la movilización social ingresan a la institucionalidad. La moderación de este gobierno no fue una estrategia coyuntural, fue la condición de posibilidad para gobernar.
Desde una mirada anarquista, el problema no es que un gobierno de izquierda haya terminado gestionando el neoliberalismo. El problema es esperar que el Estado pueda hacer otra cosa. El Estado no es un instrumento neutral. Es una estructura orientada a garantizar la acumulación, la estabilidad del mercado y el control del conflicto social. Por eso, cada vez que la presión social disminuye, la institucionalidad vuelve a su centro de gravedad: proteger la inversión, asegurar el orden y reducir la incertidumbre del capital. El gobierno de Boric no fracasó por errores. Funcionó.
Funcionó como suele funcionar el progresismo en el poder: administrando expectativas, conteniendo conflictos y traduciendo las demandas de cambio en reformas compatibles con la estabilidad del modelo.
Pero el problema no es solo lo que el gobierno hizo. El problema es lo que deja.
El riesgo del desencanto no es la crítica al progresismo. El riesgo es que la decepción se transforme en repliegue individual, en desconfianza hacia toda forma de organización colectiva, en la sensación de que nada cambia y que lo único posible es sobrevivir por cuenta propia.
En ese terreno, el malestar social puede ser capturado por el miedo. La inseguridad se vuelve el lenguaje dominante. La demanda de derechos cede ante la demanda de orden. La frustración se traduce en punitivismo. Y la desmovilización se instala como clima de época.
Aquí es donde la memoria anarquista vuelve a ser necesaria, no como identidad ni como nostalgia, sino como experiencia histórica.
¿Cómo evitar que la crítica al progresismo se convierta en rechazo a toda acción colectiva?
¿Qué formas de seguridad pueden construirse desde el apoyo mutuo y el tejido comunitario, en lugar de más control y más policía?
¿Qué queda hoy de las redes de solidaridad que emergieron en la revuelta y en la pandemia?
¿En qué momento el desencanto se transforma en individualismo defensivo?
¿Cómo reconstruir confianza cuando la institucionalidad ha demostrado, una vez más, su capacidad de absorber y neutralizar las demandas sociales?
¿Dónde pueden volver a surgir espacios de organización que no dependan del ciclo electoral ni de las promesas de gobierno?
Tal vez esa sea la lección más incómoda de estos años. Cuando el cambio se delega al Estado, lo que se obtiene es administración. Cuando la presión social se retira, el orden se recompone. Cuando la institucionalidad absorbe la energía del conflicto, la desmovilización se vuelve sentido común.
La ironía inicial, entonces, puede leerse al revés. No hubo errores. El error de los movimientos sociales fue creer que gobernar el Estado podía ser el camino para superarlo.