Discapacidad y Control de los Cuerpos
La productividad se transformó en un criterio central para valorar la vida de las personas.
por Fernanda Sierra Vergara.
La discapacidad y el capacitismo son conceptos fundamentales para comprender la organización de las sociedades contemporáneas, lejos de ser categorías puramente naturales o biológicas, ambas emergen en Europa dentro de marcos históricos, científicos e institucionales que comenzaron a clasificar y jerarquizar los cuerpos según su utilidad, normalidad y productividad. Estas categorías no permanecieron limitadas a su contexto de origen, fueron trasladadas e impuestas en América Latina a través de los procesos de colonización, junto con otras formas de organización social, política y económica. Sin embargo, antes de la imposición de estas categorías, muchas comunidades organizaban la vida colectiva de maneras distintas, reconociendo la diversidad de capacidades presentes en los cuerpos y distribuyendo las tareas según las posibilidades de cada integrante. En estos contextos, la diferencia corporal no necesariamente implicaba exclusión ni la construcción de jerarquías rígidas entre cuerpos. La introducción de las nociones modernas de discapacidad y normalidad transformó profundamente estas formas de organización, instalando clasificaciones corporales que se vinculan estrechamente con las estructuras de poder, las instituciones y las lógicas productivas que caracterizan al mundo moderno.
La discapacidad suele entenderse como una condición individual del cuerpo, asociada a una limitación física, sensorial o cognitiva. Con la consolidación del capitalismo industrial, los cuerpos comenzaron a ser medidos, clasificados y organizados según su capacidad de integrarse al sistema productivo. La productividad se transformó en un criterio central para valorar la vida de las personas, estableciendo una distinción entre cuerpos funcionales al trabajo y cuerpos considerados improductivos o dependientes. De esta manera, el valor social del cuerpo dejó de relacionarse únicamente con su existencia y comenzó a vincularse con su rendimiento. En este proceso, el Estado, la Iglesia y diversas instituciones sociales desempeñaron un papel fundamental. A través de prácticas administrativas, educativas, médicas y morales, estas instituciones contribuyeron a normar y clasificar los cuerpos según sus capacidades. Es en este momento histórico donde se instala la idea de un cuerpo promedio o normal: un cuerpo pensado para adaptarse al ritmo de las máquinas y a las exigencias del trabajo industrial. Aquellas personas cuyos cuerpos no se ajustaban a este ideal comenzaron a ser nombradas mediante categorías como inválidos, incapacitados o deficientes. De esta forma, el Estado comenzó también a administrar las diferencias corporales, identificando, clasificando y gestionando la vida de aquellos cuerpos considerados incapaces o improductivos. Tal como plantea Michel Foucault[1], el poder moderno no solo gobierna territorios, sino también la vida misma, regula los cuerpos, organiza la población y establece criterios sobre qué vidas deben ser protegidas, normalizadas o corregidas.
En América Latina, este proceso se entrelaza profundamente con la historia de la colonización. Desde los primeros momentos del orden colonial, los cuerpos fueron objeto de clasificación y jerarquización, organizados según su utilidad dentro de sistemas de explotación del trabajo y control de la población. Como señala Aníbal Quijano[2], la colonización no solo implicó la dominación territorial, sino también la imposición de una estructura de poder que organizó a las poblaciones mediante jerarquías raciales, económicas y sociales. Dentro de esta lógica, los cuerpos fueron clasificados según su capacidad de producir, trabajar y sostener el orden colonial. La administración colonial no solo organizó territorios y economías, también instaló formas específicas de comprender y regular los cuerpos. En este contexto se consolida la idea de lo anormal y el concepto de discapacidad comienza a utilizarse como una categoría que el Estado tiende a tratar como un problema individual, produciendo representaciones dominantes que asocian ciertos cuerpos con la dependencia, la vulnerabilidad o la incapacidad. Estas representaciones no son neutrales, funcionan como mecanismos culturales de control que refuerzan la idea de que el valor social de las personas depende de su capacidad de integrarse a la lógica productiva. Cuando la diferencia corporal se presenta exclusivamente como déficit, la sociedad deja de cuestionar las estructuras que generan exclusión y comienzan a responsabilizar a las personas por su supuesta incapacidad. Los discursos sobre discapacidad operan como formas de poder que organizan la vida social alrededor de la productividad, el capitalismo, en este sentido, no solo estructura la economía, también contribuye a definir qué cuerpos son considerados útiles, qué formas de vida son reconocidas y qué diferencias son toleradas o corregidas. Como advierten Silvia Rivera Cusicanqui[3] y Rita Segato[4], los cuerpos han sido históricamente territorios donde se inscriben múltiples formas de dominación que combinan colonialidad, género, trabajo y poder.
Posteriormente, dentro de esta misma lógica, surge el concepto de “capacitismo”, este término permite nombrar el conjunto de prácticas, discursos y estructuras que jerarquizan los cuerpos según su funcionalidad y su capacidad de adaptarse a las exigencias del orden productivo. El capacitismo fortalece la idea de que la discapacidad es un problema individual, invisibilizando las condiciones sociales que producen exclusión. Este entendimiento, en el que el cuerpo ideal es aquel que puede trabajar de forma continua, adaptarse al mercado laboral y sostener una autonomía permanente. Todo cuerpo que se aleje de este modelo tiende a ser marginado o considerado problemático, las ciudades, los sistemas públicos, las escuelas y gran parte de las instituciones sociales han sido diseñadas para responder a este ideal corporal, cuando un cuerpo no logra adaptarse a estos entornos, se refuerza nuevamente la idea de la falla individual, mientras las estructuras sociales que producen esa exclusión permanecen invisibilizadas.
Frente a este modelo, el anarquismo cuestiona la forma en que las sociedades han delegado el cuidado y la gestión de las necesidades humanas a las instituciones del Estado, pensadores como Piotr Kropotkin[5] sostuvieron que las comunidades humanas han sobrevivido históricamente gracias a la cooperación y al apoyo mutuo, más que a la competencia individual. En su obra “El apoyo mutuo: un factor de la evolución”, argumenta que la solidaridad y la interdependencia han sido principios fundamentales para la organización social. Desde esta perspectiva, la discapacidad no puede reducirse a un problema individual que deba ser gestionado por el Estado o sus instituciones. Las dificultades que enfrentan muchas personas no se originan únicamente en sus cuerpos, sino en entornos sociales que han sido diseñados para un ideal limitado de normalidad y productividad. El problema, por tanto, no reside únicamente en la diferencia corporal, sino en un sistema que organiza la vida colectiva en torno a la eficiencia, el rendimiento y la competencia. El anarquismo propone formas de organización basadas en el apoyo mutuo, la autogestión comunitaria de las necesidades y la construcción colectiva de condiciones de vida que permitan la participación de todas las personas. Esto implica desplazar el modelo de asistencia institucional, donde las necesidades son administradas deficientemente por el Estado, hacia prácticas comunitarias donde el cuidado, el acompañamiento y la resolución de problemas se construyen colectivamente. En este sentido, cuestionar la discapacidad y el capacitismo también implica imaginar procesos de desinstitucionalización de la vida. La discapacidad deja de ser un asunto que debe resolverse exclusivamente dentro de hospitales, sistemas de asistencia o dispositivos estatales, y comienza a pensarse como una cuestión social que involucra a la comunidad en su conjunto.
El apoyo mutuo, la autogestión y la organización comunitaria no aparecen simplemente como alternativas éticas frente a las limitaciones del sistema actual, sino como prácticas capaces de cuestionar profundamente las estructuras que durante siglos han definido qué cuerpos importan y qué vidas merecen ser vividas plenamente. Estas prácticas implican reconocer que la vida humana no se sostiene desde la autosuficiencia individual que promueve el capitalismo, sino desde la interdependencia y la cooperación entre las personas. Cuando las comunidades se organizan colectivamente para responder a sus necesidades, el cuidado, el acompañamiento y la accesibilidad dejan de ser servicios administrados por instituciones jerárquicas y pasan a convertirse en responsabilidades compartidas. En ese sentido, la desinstitucionalización de la discapacidad no significa abandonar el cuidado, sino transformarlo: desplazarlo desde dispositivos que clasifican y administran los cuerpos hacia formas de organización donde la diversidad corporal es reconocida como parte de la vida social. Pensar la discapacidad desde el apoyo mutuo y la autogestión comunitaria abre así la posibilidad de construir relaciones sociales donde el valor de las personas no esté determinado por su productividad ni por su adecuación a un ideal de normalidad, sino por su participación en una red colectiva que sostiene la vida en común.
[1] Michel Foucault, “Nacimiento de la Biopolítica”, Fondo de Cultura Económica, México, 2007.
[2] Anibal Quijano, “Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina”, ED. CLACSO, Buenos Aires, 2000.
[3] Silvia Rivera Cusicanqui, “Ch’ixinakax utxiwa: Una Reflexión sobre Prácticas y Discursos Descolonizadores”, ED. Tinta Limón, Buenos Aires, 2010.
[4] Rita Segato, “Las Estructuras Elementales de la Violencia. Ensayos sobre Género entre la Antropología, el Psicoanálisis y los Derechos Humanos”, Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2003.
[5] Piotr Kropotkin, “El Apoyo Mutuo: Un Factor de la Evolución”, Ed. Createspace, Londres, 2016.