1 de Enero (1994) El EZLN Alza lo Comunitario Frente al Capitalismo
El levantamiento del EZLN fue resultado de cinco siglos de dominación colonial, explotación, despojo territorial, racismo y violencia hacia los pueblos indígenas.
por Nanda
El surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fue resultado de un proceso histórico, marcado por más de cinco siglos de dominación colonial, explotación, despojo territorial, racismo y violencia hacia los pueblos indígenas que habitan el territorio que hoy conocemos como México. Su aparición pública, el 1 de enero de 1994, fue la respuesta a una historia de resistencias y organización comunitaria que encontró en el levantamiento armado una forma de confrontar las condiciones históricas de exclusión y sometimiento.
Este proceso se remonta al siglo XVI, cuando la llegada de los españoles impuso un nuevo orden político, económico, religioso y cultural sobre los pueblos que habitaban el territorio hoy dominado por el Estado mexicano. La apropiación de sus territorios, la explotación de su trabajo y la imposición de nuevas estructuras de autoridad transformaron profundamente sus condiciones de vida, subordinándolos a un modelo colonial que pretendía establecer la cultura occidental como única forma legítima de organización social.
La Corona española sometió a las poblaciones indígenas mediante distintas formas de coerción y explotación. Entre ellas se encontraban sistemas como el Repartimiento y el Coatequitl, que obligaban a las comunidades a proporcionar trabajo para actividades económicas y obras coloniales. Paralelamente, la encomienda estableció mecanismos de extracción de tributos y trabajo en beneficio de los encomenderos, mientras la evangelización impulsaba la imposición de la religión cristiana y la expansión del castellano como instrumentos de transformación cultural. Frente al orden colonial, los pueblos indígenas no permanecieron pasivos, sino que, desarrollaron diversas formas de resistencia para defender sus territorios, sus formas de vida y su autonomía. Entre ellas, se encuentran la Rebelión del Mixtón (1540-1541), protagonizada por los Caxcanes y otros pueblos del occidente; la prolongada Guerra Chichimeca (1550-1600), que enfrentó a distintos pueblos del norte con el avance colonial; y los levantamientos de los pueblos Pericúes y Guaycuras en Baja California durante el siglo XVIII contra el sistema de dominación misional jesuítica.
A fines del siglo XVIII, las Reformas Borbónicas[1] intensificaron la presión fiscal y el control administrativo sobre los territorios coloniales. Este escenario de desigualdad y descontento formó parte de las condiciones que antecedieron al movimiento de Independencia iniciado en 1810, en el que amplios sectores indígenas y mestizos participaron en las luchas contra el dominio español. Sin embargo, la independencia política no significó el fin de las estructuras de despojo y represión.
Durante el siglo XIX, la consolidación del proyecto liberal impulsó nuevas transformaciones sobre la propiedad de la tierra. La Ley Lerdo de 1856 y las posteriores Leyes de Reforma promovieron la desamortización[2] de los bienes de las corporaciones civiles y religiosas, afectando también distintas formas de propiedad comunal indígena. Estas políticas contribuyeron a debilitar las estructuras territoriales de numerosas comunidades y favorecieron la expansión de la propiedad privada y la concentración de tierras.
Durante la consolidación del Estado mexicano y la expansión del capitalismo, la concentración territorial, la explotación de los recursos naturales y la marginación sociopolítica continuaron amenazando la autonomía de los pueblos indígenas. Bajo las promesas de progreso y modernización de finales del siglo XIX, el gobierno de Porfirio Díaz impulsó la integración de México a la economía internacional, favoreciendo la acumulación de riqueza de las élites mediante la expansión de las grandes propiedades agrícolas y la explotación del trabajo campesino.
Frente a este proceso, las comunidades indígenas y campesinas desarrollaron distintas estrategias de resistencia y organización. En regiones como Sonora y Yucatán se produjeron prolongados conflictos, entre ellos las Guerras Yaquis y la Guerra de Castas. Paralelamente, persistieron las asambleas comunitarias y otras formas de organización colectiva que permitieron sostener la defensa territorial y la mantención de sus propias formas de vida.
En 1910, numerosos sectores campesinos e indígenas se incorporaron a la Revolución Mexicana, donde la reivindicación de la tierra adquirió un lugar central. La figura de Emiliano Zapata (1879 – 1919) y sus demandas de restitución de tierras, expresadas en el Plan de Ayala de 1911[3], se convirtieron en una referencia histórica para las luchas agrarias posteriores.
La Revolución Mexicana abrió paso a un proceso de reforma agraria que permitió la restitución y el reparto parcial de tierras mediante la creación de ejidos[4] y el reconocimiento de formas de propiedad social. Sin embargo, estas transformaciones no resolvieron las desigualdades territoriales ni garantizaron la autonomía de las comunidades. Durante las décadas siguientes, el Estado mexicano impulsó políticas de integración indígena orientadas a la castellanización y a la incorporación de los pueblos indígenas al proyecto de desarrollo nacional. Bajo estas políticas persistieron distintas formas de subordinación cultural, política y económica, mientras la expansión agroindustrial y la explotación de los recursos naturales continuaban presionando sobre los territorios de las comunidades.
En Chiapas, estas condiciones se expresaron en conflictos agrarios, concentración de tierras, desigualdad social y una prolongada exclusión de las comunidades indígenas de las decisiones políticas y económicas que afectaban sus territorios. Durante las décadas de 1970 y 1980, distintas organizaciones campesinas, religiosas y políticas participaron en procesos de organización comunitaria y movilización por el acceso a la tierra, la educación, la salud y mejores condiciones de vida.
En este escenario, el 17 de noviembre de 1983 se fundó clandestinamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la Selva Lacandona, a partir de la llegada de militantes de las Fuerzas de Liberación Nacional[5] y su posterior articulación con comunidades indígenas de Chiapas.
La formación del EZLN fue resultado de un proceso de encuentro, tensiones y transformación entre los planteamientos políticos de los militantes del FLN y las experiencias organizativas de los pueblos indígenas. Comunidades Tzeltales, Tzotziles, Choles, Tojolabales y otros pueblos de la región participaron en la construcción y desarrollo del movimiento, que durante más de una década organizó sus estructuras políticas y militares en la clandestinidad. Este proceso, también implicó una transformación del propio movimiento a partir de las experiencias, demandas y formas de organización de los pueblos indígenas.
Durante este período, se experimentó una profunda transformación económica. Bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, México adoptó políticas neoliberales orientadas a la apertura comercial, la privatización y la incorporación de la economía nacional a los mercados internacionales. En 1992 se reformó el artículo 27 de la Constitución mexicana, modificando el régimen jurídico de la propiedad ejidal y abriendo nuevas posibilidades para la incorporación de tierras ejidales al mercado mediante procedimientos legales. Esta reforma debilitó las garantías históricas que habían protegido la propiedad social de la tierra, generando gran incertidumbre en las numerosas comunidades campesinas e indígenas. A este proceso se sumó la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En este contexto de dominación histórica y transformación económica, el 1 de enero de 1994 el EZLN irrumpió públicamente en el estado de Chiapas. Coincidiendo con la entrada en vigor del TLCAN, las fuerzas zapatistas ocuparon varias cabeceras municipales, entre ellas San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano. La fecha elegida expresó una confrontación directa con el proyecto de integración neoliberal que el gobierno mexicano presentaba como símbolo de modernización y progreso, mientras amplios sectores indígenas y campesinos continuaban viviendo bajo condiciones de pobreza, exclusión y despojo.
Desde el balcón del palacio municipal de San Cristóbal de Las Casas se dio lectura a la Primera Declaración de la Selva Lacandona, documento mediante el cual el EZLN denunció las condiciones históricas de explotación y marginación de los pueblos indígenas, declaró la guerra al gobierno mexicano y expuso sus principales demandas. Bajo la consigna ¡Hoy decimos basta!, la declaración exigió sus demandas y denunció la ausencia de condiciones dignas de vida, entre ellas el acceso a la tierra, el trabajo, la vivienda, la salud, la alimentación, la educación, la libertad y la justicia.
La Primera Declaración también nombró el artículo 39 de la Constitución mexicana, que establece que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo y reconoce su derecho a modificar la forma de gobierno. De esta manera, el EZLN presentó su levantamiento como una respuesta a la exclusión política y social, reivindicando el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a construir sus propias formas de organización y autonomía.
PRIMERA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA
HOY DECIMOS ¡BASTA!
Al pueblo de México:
Hermanos mexicanos:
Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.
Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas, son los mismos que se opusieron a la Expropiación Petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo.
Para evitarlo y como nuestra última esperanza, después de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el Artículo 39 Constitucional que a la letra dice:
«La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.»
Por tanto, en apego a nuestra Constitución, emitimos la presente al ejército federal mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el ejecutivo federal que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari.
Conforme a esta Declaración de guerra pedimos a los otros Poderes de la Nación se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación deponiendo al dictador.
También pedimos a los organismos Internacionales y a la Cruz Roja Internacional que vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran protegiendo a la población civil, pues nosotros declaramos ahora y siempre que estamos sujetos a lo estipulado por la Leyes sobre la Guerra de la Convención de Ginebra, formando el EZLN como fuerza beligerante de nuestra lucha de liberación. Tenemos al pueblo mexicano de nuestra parte, tenemos Patria y la Bandera tricolor es amada y respetada por los combatientes INSURGENTES, utilizamos los colores rojo y negro en nuestro uniforme, símbolos del pueblo trabajador en sus luchas de huelga, nuestra bandera lleva las letras «EZLN», EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, y con ella iremos a los combates siempre.
Rechazamos de antemano cualquier intento de desvirtuar la justa causa de nuestra lucha acusándola de narcotráfico, narcoguerrilla, bandidaje u otro calificativo que puedan usar nuestros enemigos. Nuestra lucha se apega al derecho constitucional y es abanderada por la justicia y la igualdad.
Por lo tanto, y conforme a esta Declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes:
Primero. Avanzar hacia la capital del país venciendo al ejército federal mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir, libre y democráticamente, a sus propias autoridades administrativas.
Segundo. Respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz Roja Internacional para su atención médica.
Tercero. Iniciar juicios sumarios contra los soldados del ejército federal mexicano y la policía política que hayan recibido cursos y que hayan sido asesorados, entrenados, o pagados por extranjeros, sea dentro de nuestra nación o fuera de ella, acusados de traición a la Patria, y contra todos aquellos que repriman y maltraten a la población civil y roben o atenten contra los bienes del pueblo.
Cuarto. Formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten sumarse a nuestra justa lucha, incluidos aquellos que, siendo soldados enemigos, se entreguen sin combatir a nuestras fuerzas y juren responder a las órdenes de esta Comandancia General del EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
Quinto. Pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de entablar los combates.
Sexto. Suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por el EZLN.
PUEBLO DE MÉXICO: Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático.
INTÉGRATE A LA FUERZAS INSURGENTES
DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
Los enfrentamientos iniciados tras el levantamiento desencadenaron la respuesta militar del gobierno mexicano, que desplegó al Ejército federal para combatir a las fuerzas zapatistas. Durante los días siguientes se produjeron enfrentamientos armados que dejaron numerosas muertes. La violencia provocó una fuerte reacción de la sociedad mexicana e internacional, que comenzó a movilizarse para exigir el fin a la violencia. Ante la presión social y el creciente rechazo a la continuidad de los enfrentamientos, el 12 de enero de 1994 el presidente Carlos Salinas de Gortari declaró un cese al fuego y anunció la disposición del gobierno a buscar una solución negociada al conflicto.
El primer proceso de diálogo entre el EZLN y el gobierno se desarrolló entre el 21 de febrero y el 2 de marzo de 1994, en la Catedral de San Cristóbal de Las Casas, bajo la mediación del obispo Samuel Ruiz García. En las conversaciones participaron representantes zapatistas y del gobierno, encabezados por el comisionado para la paz Manuel Camacho Solís. Como resultado de este encuentro se elaboró una propuesta que el EZLN decidió someter a consulta entre sus bases de apoyo y comunidades. El 12 de junio de 1994, tras realizar dicha consulta, el movimiento rechazó la propuesta, al considerar que no respondía a las transformaciones políticas y sociales que demandaba.
El proceso de negociación continuó durante los años siguientes, en medio de nuevas tensiones, movilizaciones militares y denuncias de hostigamiento hacia las comunidades zapatistas. En 1995 se reanudaron las conversaciones y se establecieron las bases para un nuevo proceso de diálogo. Finalmente, el 16 de febrero de 1996, el gobierno y el EZLN firmaron los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, que establecieron compromisos al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, su libre determinación, autonomía, participación política y reconocimiento de sus formas de organización. Sin embargo, los acuerdos no fueron traducidos en una reforma constitucional que recogiera los compromisos pactados. La posterior reforma indígena de 2001 tampoco los incorporó, profundizando la ruptura entre el movimiento zapatista y las instituciones del Estado.
Ante el incumplimiento de los acuerdos y la persistencia de las condiciones que habían originado el levantamiento, el movimiento zapatista profundizó en la construcción de su autonomía, sin someter su organización comunitaria al reconocimiento institucional del gobierno. A partir de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y, posteriormente, de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, se desarrollaron estructuras de organización política y social basadas en la participación comunitaria, la toma colectiva de decisiones y el principio de mandar obedeciendo[6].
En estos espacios se impulsaron sistemas propios de educación, salud, y producción, construidos en base a las necesidades y decisiones de las comunidades. Las escuelas promovieron la enseñanza de la historia a través de los saberes y memoria de los pueblos, así como también el aprendizaje de las lenguas indígenas, mientras las iniciativas de salud comunitaria y producción colectiva buscaron fortalecer las capacidades locales y reducir la dependencia de las instituciones estatales y de los intermediarios del mercado. De esta manera, las comunidades ganaron autonomía y dejaron de depender del Estado.
A más de tres décadas del levantamiento zapatista, reivindicamos las luchas combativas de los pueblos indígenas, cuyas prácticas emancipatorias nos recuerda que la colonización no es un capítulo cerrado, sino un proceso que ha mutado y continúa expresándose en el despojo, la explotación, el racismo estructural y la imposición de modelos económicos y políticos al servicio de los intereses dominantes.
El capitalismo, el neoliberalismo y el imperialismo han profundizado estas relaciones de dominación, convirtiendo territorios, culturas y formas de vida en recursos disponibles para la acumulación de riqueza. Frente a ello, los pueblos indígenas han sostenido históricamente experiencias de organización, autonomía y resistencia que cuestionan las bases de un sistema que pretende subordinar la vida a las lógicas del mercado, la propiedad y el poder.
La lucha zapatista nos devuelve la esperanza de construir otros mundos, pero también nos recuerda que las transformaciones nacen de las luchas colectivas de quienes se organizan y desafían el orden establecido. Porque la historia ha sido contada, en gran medida, desde los relatos dominantes, desde quienes nos conquistaron, colonizaron, acumularon riquezas y levantaron las estructuras de poder que todavía condicionan nuestras vidas.
Una historia que seguimos construyendo, en la organización colectiva, la solidaridad y las luchas que abren posibilidades de emancipación. Porque mientras existan pueblos dispuestos a resistir y construir su propia historia, seguirá abierto el horizonte de otros mundos posibles.
[1] Conjunto de medidas políticas, administrativas, económicas, fiscales y militares impulsadas por la monarquía española durante el siglo XVIII, principalmente bajo la dinastía de los Borbones. Su objetivo era fortalecer el control de la Corona sobre sus territorios americanos, aumentar la recaudación fiscal, reorganizar la administración colonial y asegurar una mayor explotación de sus recursos económicos.
[2] proceso jurídico, político y económico mediante el cual el Estado liberal puso en circulación tierras y propiedades que se encontraban en manos de instituciones que no podían venderlas libremente, como la Iglesia y las corporaciones civiles, incluidas las comunidades indígenas.
[3] El Plan de Ayala, proclamado el 28 de noviembre de 1911 por Emiliano Zapata y el movimiento revolucionario del sur de México, fue un documento político y agrario que expresó el rechazo al gobierno de Francisco I. Madero y denunció el incumplimiento de las demandas campesinas que habían impulsado la Revolución mexicana. Su principal reivindicación fue la restitución de las tierras, montes y aguas que habían sido arrebatados a los pueblos y comunidades campesinas.
[4] Propiedad social de la tierra reconocida en México, consolidada tras la Revolución mexicana y establecida en la Constitución de 1917. Consiste en tierras entregadas a comunidades campesinas para su posesión, uso y aprovechamiento colectivo, bajo un régimen de organización y administración comunitaria.
[5] Las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) fueron fundadas el 6 de agosto de 1969, en Monterrey, México. Constituyeron una organización político-militar clandestina de orientación revolucionaria, influenciada por el marxismo-leninismo, el pensamiento guevarista y las experiencias de las luchas de liberación nacional latinoamericanas. Su proyecto político buscaba impulsar una revolución socialista en México, combatir el imperialismo y transformar las estructuras capitalistas de explotación y dominación.
[6] Principio político zapatista que plantea que quienes ejercen funciones de gobierno deben responder a la voluntad colectiva de las comunidades. Propone una forma de organización basada en la participación, la autonomía, la asamblea y el ejercicio del poder como mandato al servicio de los pueblos.
